El consumidor ante las gafas del eclipse retiradas

Gafas del eclipse retiradas del mercado: qué derechos tiene el consumidor por falta de conformidad

La retirada del mercado de determinadas gafas destinadas a observar el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 ofrece un punto de partido perfecto para introducir  la garantía legal de conformidad y los derechos que tiene el consumidor cuando el producto adquirido no reúne las condiciones de seguridad y utilidad que razonablemente podía esperar.

En los últimos días, las autoridades de consumo han ordenado la retirada de distintos modelos de gafas para observar el eclipse. Entre ellos se encuentra el modelo 2508-RS003 de la marca Mó, de Multiópticas, correspondiente al lote 0326, cuya inclusión en la red de alerta de productos no alimentarios peligrosos fue comunicada el 11 de agosto. La retirada responde a un problema relacionado con el nivel de oscuridad del filtro: las gafas resultaban excesivamente oscuras, dificultando la localización del disco solar y pudiendo provocar que el usuario se las desplazara, inclinara o retirara para localizar el Sol, con la consiguiente exposición directa de los ojos a la radiación solar.

La situación no se limita a este modelo. También han sido objeto de alertas otros productos de las marcas Lionstar, ECP Eye Care Professional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia, de acuerdo con las alertas difundidas por las distintas autoridades autonómicas de consumo.

¿Por qué son retiradas del mercado?

La retirada por parte de las autoridades responde, en primer lugar, a una cuestión de seguridad del producto.

La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que los bienes puestos en el mercado deben ser seguros y que, cuando un bien no se ajusta a las condiciones exigidas o presenta un riesgo previsible para la salud o la seguridad, deben adoptarse medidas para su retirada, suspensión o recuperación.
En el caso de las gafas de eclipse, la cuestión resulta especialmente relevante porque su finalidad es precisamente permitir al consumidor observar el Sol de manera segura. De hecho, los requisitos objetivos de conformidad de los bienes exigen que estos sean aptos para los fines a los que normalmente se destinan y que presenten, entre otras características, la seguridad que normalmente presentan los bienes del mismo tipo y que el consumidor pueda razonablemente esperar.

Por tanto, una cuestión de seguridad puede tener también una consecuencia en el ámbito de la falta de conformidad contractual.

La falta de conformidad: cuando el producto no cumple lo que el consumidor podía esperar

La legislación de consumidores establece que los bienes entregados al consumidor son conformes con el contrato cuando cumplen los requisitos de conformidad establecidos legalmente. Entre esos requisitos se encuentra que el producto sea adecuado para su finalidad normal y que reúna las condiciones de calidad, características y seguridad que razonablemente puedan esperarse.
Esto permite entender el problema desde una perspectiva distinta.

Quien compra unas gafas específicamente destinadas a observar un eclipse solar no adquiere simplemente un objeto que tenga apariencia de gafas. Adquiere un producto destinado a una finalidad concreta: observar el Sol utilizando una protección adecuada.

Si el producto presenta unas características que hacen que no pueda cumplir correctamente esa finalidad o que pueda generar un riesgo para el consumidor, puede existir una falta de conformidad.

Y aquí aparece el artículo 21 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

¿Qué establece el artículo 21 de la Ley de Consumidores?

El artículo 21 regula el régimen de comprobación, reclamación, garantía y atención al cliente. Establece que los sistemas previstos por las empresas deben permitir al consumidor comprobar las características y utilidad del producto y reclamar eficazmente en caso de error, defecto o deterioro.

Pero además contiene una previsión especialmente relevante para estos casos: cuando existe una falta de conformidad del producto con el contrato, la devolución del precio debe ser total, en los términos previstos en el título relativo a las garantías de los bienes.

Esto significa que la retirada de un producto del mercado no debería quedarse únicamente en una advertencia pública. Para el consumidor que adquirió una unidad afectada existe también una cuestión contractual: qué puede exigir al vendedor por haber recibido un producto que no es conforme.

¿Qué puede exigir el consumidor?

El artículo 117 establece que el empresario responde frente al consumidor por las faltas de conformidad que existan en el momento de la entrega del bien.

Ante esa falta de conformidad, el consumidor puede exigir al empresario la subsanación, la reducción del precio o la resolución del contrato, en los términos establecidos por la propia ley. Además, cuando corresponda, puede reclamar la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.

En virtud del articulo 118 ,con carácter general, cuando un bien no es conforme con el contrato, el consumidor puede elegir entre reparación o sustitución, salvo que una de estas opciones resulte imposible o suponga costes desproporcionados para el empresario.

Además, la puesta en conformidad debe realizarse gratuitamente, incluyendo los gastos necesarios de transporte, envío, mano de obra o materiales, y debe efectuarse en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.

En el caso concreto de unas gafas retiradas por razones de seguridad, el vendedor puede ofrecer una sustitución por un producto conforme y seguro. En todo caso, Cuando la puesta en conformidad resulte imposible o desproporcionada, o cuando concurran alguno de los supuestos previstos legalmente, el consumidor podrá pasar a las medidas previstas para la reducción del precio o la resolución del contrato.

En caso de resolución de la compraventa, el empresario debe reembolsar el precio pagado por el bien y el consumidor debe devolverlo a expensas del empresario.

¿Y si las gafas ya han sido utilizadas?

La cuestión debe analizarse caso por caso, la existencia de una alerta de seguridad o de una retirada del mercado no significa automáticamente que cualquier consumidor que haya comprado unas gafas tenga derecho a una indemnización por daños.

Ademas, cuando el consumidor haya sufrido un daño efectivo, por ejemplo una lesión ocular. En ese caso pueden entrar en juego también las acciones de indemnización por daños y perjuicios. La propia Ley establece expresamente que el consumidor conserva el derecho a ser indemnizado por los daños derivados de una falta de conformidad conforme a la legislación civil y mercantil.

Una retirada administrativa y una reclamación del consumidor no son lo mismo

Este caso permite hacer una distinción importante.

La retirada del mercado es una medida adoptada por las autoridades para evitar que un producto potencialmente peligroso continúe comercializándose.

La falta de conformidad, en cambio, se sitúa en la relación contractual entre consumidor y empresario.

Ambas cuestiones pueden estar relacionadas cuando el producto vendido no reúne las características de seguridad y utilidad que legalmente y contractualmente resultaban exigibles.

Por ello, un consumidor que haya adquirido una unidad afectada no debería limitarse a conocer que el producto ha sido retirado. También debe conocer sus derechos frente al vendedor, conservar, en la medida de lo posible, el justificante de compra y solicitar formalmente la solución que corresponda conforme al régimen legal de conformidad.

El caso de las gafas del eclipse como ejemplo de protección del consumidor

El caso resulta especialmente ilustrativo porque demuestra que la garantía legal de conformidad no se limita a productos que dejan de funcionar.La falta de conformidad puede estar relacionada con las características, finalidad, seguridad o prestaciones que razonablemente puede esperar el consumidor.

Cuando una persona compra un producto destinado a una finalidad concreta, espera que dicho producto pueda utilizarse para esa finalidad en condiciones adecuadas. Si posteriormente se determina que el producto presenta características incompatibles con ese uso seguro, la legislacion de consumidores y usuarios garantiza que se pueda devolver y la restitución del dinero pagado.

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Nueva legislación para los pasajeros aéreos

Nuevos derechos para los pasajeros aéreos: ¿qué situaciones quedan protegidas por la nueva normativa?

La normativa europea sobre derechos de los pasajeros aéreos se prepara para introducir cambios importantes en la protección de los viajeros. La reforma modifica el Reglamento (CE) n.º 261/2004 y amplía y concreta las situaciones en las que los pasajeros pueden estar protegidos cuando su viaje se ve afectado por una incidencia.

El objetivo es conseguir una aplicación más eficaz y coherente de los derechos de los pasajeros en toda la Unión Europea. El propio texto de la reforma reconoce que la normativa vigente presenta determinadas insuficiencias que dificultan alcanzar una protección efectiva de los viajeros.

¿Qué situaciones contempla la nueva normativa?

Una de las principales novedades es que el concepto de «incidencia» se amplía expresamente.

El nuevo texto incluye dentro de este concepto:

  • la denegación de embarque;
  • la cancelación del vuelo;
  • el retraso a la salida;
  • el retraso a la llegada;
  • el retraso en la plataforma del aeropuerto(por ejemplo, dentro del avión).

Por tanto, la reforma pretende ofrecer un marco más claro para situaciones que pueden afectar al pasajero durante las distintas fases de su viaje.

Además, se incorporan expresamente otras situaciones que hasta ahora habían generado numerosas dudas interpretativas, como los cambios de horario y la pérdida de vuelos de conexión.

Los cambios de horario adquieren una regulación específica

La modificación de los horarios de un vuelo pasa a recibir un tratamiento específico dentro de la normativa.

El texto reconoce expresamente que un cambio de horario puede producir para el pasajero efectos similares a los de una cancelación o un retraso y, por ello, puede generar los correspondientes derechos.

También se establecen reglas para determinar cómo debe calcularse el retraso cuando la compañía modifica el horario del vuelo.

Por ejemplo, cuando el horario se modifica con menos de 14 días naturales de antelación respecto de la fecha de salida inicialmente prevista, el cálculo del retraso se realizará tomando como referencia el horario que figuraba en el billete original.

Esto proporciona mayor seguridad jurídica a los pasajeros a la hora de determinar si una modificación del vuelo ha generado un retraso con consecuencias económicas.

Mayor protección cuando se pierde un vuelo de conexión

La reforma también presta especial atención a los pasajeros que pierden un vuelo de conexión como consecuencia de una incidencia producida durante el viaje.

El nuevo texto establece que estos pasajeros deben recibir asistencia mientras esperan un transporte alternativo y reconoce que, cuando corresponda, la compensación debe calcularse teniendo en cuenta la llegada al destino final del viaje.

Esto resulta especialmente relevante en los viajes con varias etapas. El retraso que afecta al pasajero no termina necesariamente en el primer vuelo: si como consecuencia de esa incidencia pierde su conexión y llega tarde a su destino final, la normativa tiene en cuenta esa situación.

Además, antes de la compra del billete, las compañías aéreas o los intermediarios deberán informar claramente al pasajero de si su viaje está cubierto por un único contrato de transporte aéreo, así como de los derechos que le corresponden en relación con posibles conexiones perdidas.

También se contempla el retraso en la plataforma

Otra de las novedades es la definición del denominado «retraso en la plataforma del aeropuerto».

Se considera como tal el periodo superior a 30 minutos durante el cual la aeronave permanece en tierra entre el cierre de las puertas y el despegue, en el caso de la salida, o entre el aterrizaje y la apertura de las puertas, en el caso de la llegada.

La inclusión expresa de esta situación pretende dotar de mayor claridad a los derechos de los pasajeros que permanecen dentro de un avión durante periodos prolongados.

¿Qué supone todo esto para los pasajeros?

La reforma pretende que exista un marco más claro para determinar qué derechos corresponden al pasajero cuando su viaje se ve alterado.

Especialmente, adquieren relevancia:

Cambios de horario → pueden generar derechos similares a los de una cancelación o retraso.

Retrasos → se regulan expresamente tanto los retrasos a la salida como a la llegada.

Conexiones perdidas → se tiene en cuenta el retraso sufrido hasta el destino final.

Retrasos en plataforma → se incorporan expresamente al concepto de incidencia.

En definitiva, la reforma busca reducir las dudas existentes y ofrecer una protección más homogénea a los pasajeros cuando se producen incidencias durante el viaje.

Una reforma que afecta directamente a las reclamaciones

Para los pasajeros, uno de los aspectos más importantes de estos cambios será determinar correctamente qué incidencia se ha producido, cómo ha afectado al viaje y cuáles son las consecuencias que establece la nueva normativa.

Por ello, ante un cambio de horario, un retraso, una cancelación o una conexión perdida, resulta fundamental conservar el billete, las comunicaciones recibidas de la compañía y cualquier documento que permita acreditar lo sucedido.

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Huelga de Groundforce y derechos de los pasajeros

Huelga de Groundforce: ¿qué derechos tienen los pasajeros afectados por retrasos, cancelaciones o problemas con el equipaje?

Las huelgas de los servicios de asistencia en tierra (ground handling) pueden provocar importantes alteraciones en los aeropuertos: vuelos retrasados o cancelados, dificultades para recolocar a los pasajeros y retrasos en la entrega del equipaje.

Ante una situación como la huelga de Groundforce en Barcelona-El Prat, surge una pregunta habitual: ¿qué puede reclamar un pasajero afectado por la huelga?

La respuesta depende de la naturaleza del perjuicio sufrido. No es lo mismo un retraso o una cancelación del vuelo que un problema con el equipaje, y tampoco tienen las mismas consecuencias jurídicas todas las huelgas.

Retrasos y cancelaciones: ¿cuándo existe derecho a compensación?

El Reglamento (CE) 261/2004 establece normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros en caso de denegación de embarque, cancelación y gran retraso de los vuelos.

En caso de cancelación, el Reglamento establece como regla general el derecho del pasajero a recibir una compensación, salvo que concurra alguna de las excepciones previstas legalmente. Entre ellas se encuentra que la compañía pueda demostrar que la cancelación se produjo por circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables.

Cuando procede la compensación, las cantidades previstas son:

  • 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros.
  • 400 euros para vuelos intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y para los demás vuelos de entre 1.500 y 3.500 kilómetros.
  • 600 euros para los restantes vuelos.

Por tanto, ante una cancelación provocada por una huelga, no basta con afirmar que «ha habido una huelga» para determinar automáticamente si existe o no derecho a compensación. Hay que analizar qué trabajadores están en huelga, qué relación tienen con la compañía aérea y si las circunstancias concretas pueden calificarse jurídicamente como extraordinarias.

¿Es lo mismo una huelga de la aerolínea que una huelga de Groundforce?

No necesariamente, de hecho, el propio Reglamento contempla entre las posibles circunstancias extraordinarias las huelgas que afecten a las operaciones del transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo.Sin embargo, la cuestión debe analizarse atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso.

Cuando la incidencia procede de trabajadores de una empresa externa de asistencia en tierra, como Groundforce, la compañía aérea puede sostener que se encuentra ante una circunstancia extraordinaria y, por tanto, intentar quedar exenta de la compensación económica.

Esto resulta especialmente relevante en el caso de vuelos operados por compañías que utilizan los servicios de una empresa externa de handling.

La existencia de una huelga, por sí sola, no debería llevar a descartar automáticamente una reclamación. La cuestión fundamental será determinar si la compañía aérea puede acreditar los requisitos necesarios para quedar exenta de la compensación, es decir, que pueda acreditar que la empresa de handling no pertenece ni a la compañia. En el caso de Groundforce serian estas; (Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways, United Airlines, Turkish Airlines, KLM, Etihad Airways, SAS, ITA Airways,Finnair, El Al, LOT Polish Airlines, Air China, Saudia Airlines, Air Transat,Luxair). Todas ellas operan en el prat y usan los servicios de esta compañía, no obstante, la única responsable directamente es Air europa ya que pertenecen al mismo grupo empresarial.

Aunque no haya compensación, la aerolínea debe prestar asistencia

El hecho de que una compañía pueda quedar exenta del pago de la compensación económica no significa que desaparezcan sus restantes obligaciones frente al pasajero.En caso de cancelación, el Reglamento obliga al transportista aéreo a ofrecer asistencia y reconoce al pasajero diferentes opciones de transporte o reembolso.

El pasajero puede optar, en los supuestos previstos por el Reglamento, entre:

  • El reembolso del coste íntegro del billete en las condiciones establecidas.
  • Ser conducido hasta su destino final lo antes posible en condiciones de transporte comparables.
  • Ser conducido hasta el destino en una fecha posterior que resulte conveniente para el pasajero, dependiendo de la disponibilidad de plazas.

Además, cuando corresponda prestar asistencia, la compañía debe proporcionar gratuitamente comida y refrescos suficientes, alojamiento cuando sea necesario pernoctar y transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento.También se contemplan dos comunicaciones, mediante llamadas telefónicas, fax o correo electrónico.

¿Qué ocurre cuando el vuelo se retrasa?

El Reglamento 261/2004 establece diferentes umbrales para el derecho de asistencia dependiendo de la distancia del vuelo.

Cuando se prevea un retraso de:

  • 2 horas o más, en vuelos de hasta 1.500 kilómetros.
  • 3 horas o más, en determinados vuelos de más de 1.500 kilómetros.
  • 4 horas o más, en los vuelos restantes.

Además, cuando el retraso alcanza cinco horas, el pasajero puede optar por el reembolso del billete en los términos establecidos por el Reglamento.

Por tanto, retraso y cancelación no deben tratarse exactamente de la misma manera: los derechos concretos dependen de la duración del retraso, la distancia del vuelo y las circunstancias que hayan provocado la incidencia.

¿Qué ocurre con el equipaje durante una huelga de asistencia en tierra?

Los problemas con el equipaje tienen un régimen jurídico diferente al de las cancelaciones y retrasos de vuelos. En este ámbito resulta aplicable el Convenio de Montreal, que regula la responsabilidad del transportista por la destrucción, pérdida, avería o retraso del equipaje.

El Convenio establece que el transportista es responsable de los daños ocasionados por la destrucción, pérdida o avería del equipaje facturado cuando el hecho que causa el daño se produce mientras el equipaje se encuentra bajo su custodia.

Esto resulta especialmente relevante en situaciones de huelga de empresas de asistencia en tierra. El hecho de que una compañía aérea haya contratado a una empresa externa para gestionar el equipaje no significa que el pasajero quede automáticamente sin posibilidad de reclamar.

¿Qué ocurre si la maleta se retrasa?

El Convenio de Montreal contempla expresamente la responsabilidad del transportista por el retraso en el transporte del equipaje.

Si el equipaje facturado no ha llegado cuando han transcurrido 21 días desde la fecha en que debería haber llegado, el pasajero puede hacer valer frente al transportista los derechos derivados del contrato de transporte.

Además, el Convenio establece un límite de responsabilidad para los supuestos de destrucción, pérdida, avería o retraso del equipaje de 1.000 derechos especiales de giro (DEG) por pasajero, salvo que el pasajero hubiera realizado una declaración especial de valor al entregar el equipaje facturado y hubiera abonado, en su caso, la cantidad suplementaria correspondiente.

Por tanto, no debe confundirse este límite establecido en el Convenio con una cantidad fija que la aerolínea deba pagar automáticamente. La indemnización dependerá de los daños efectivamente acreditados y de las circunstancias concretas del caso.

¿Qué ocurre si el equipaje llega dañado?

También existe responsabilidad del transportista cuando el equipaje facturado resulta destruido, perdido o averiado mientras se encuentra bajo su custodia, salvo determinados supuestos relacionados con la propia naturaleza, defecto o vicio del equipaje.

En estos casos es especialmente importante dejar constancia de la incidencia y formular la correspondiente protesta dentro de los plazos establecidos por el Convenio.

El PIR y los plazos para reclamar

Cuando el equipaje no aparece o llega dañado, es fundamental comunicar la incidencia a la compañía aérea. El Convenio de Montreal establece que la recepción del equipaje facturado sin protesta genera, salvo prueba en contrario, una presunción de que ha sido entregado en buen estado.

  • En caso de avería, la protesta debe realizarse inmediatamente después de advertirse el daño y, como máximo, dentro de los 7 días siguientes a la recepción del equipaje.
  • En caso de retraso, la protesta debe realizarse como máximo dentro de los 21 días desde la fecha en que el equipaje haya sido puesto a disposición del pasajero.

Además, la protesta debe realizarse por escrito.

Por esta razón, cuando una maleta no aparece en la cinta de recogida, resulta especialmente recomendable acudir al servicio de atención de la compañía o del aeropuerto y obtener el correspondiente Parte de Irregularidad de Equipaje (PIR) antes de abandonar el aeropuerto.

¿Se pueden reclamar los gastos ocasionados por el retraso del equipaje?

Cuando el pasajero permanece temporalmente sin su equipaje, pueden producirse gastos derivados de la necesidad de adquirir determinados artículos de primera necesidad.

En estos casos es fundamental conservar tickets y facturas, ya que serán necesarios para acreditar los perjuicios económicos sufridos y fundamentar la correspondiente reclamación.

La existencia de una huelga de los trabajadores encargados de la asistencia en tierra no convierte automáticamente esos gastos en no reclamables. La responsabilidad deberá analizarse conforme al régimen establecido por el Convenio de Montreal y atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso.

¿Y si la maleta se pierde definitivamente?

El Convenio establece una regla específica: cuando el transportista admite la pérdida del equipaje facturado, o cuando este no ha llegado transcurridos 21 días desde la fecha en que debería haber llegado, el pasajero puede ejercer frente al transportista los derechos derivados del contrato de transporte.

En estos casos también resulta aplicable el límite de responsabilidad de 1.000 DEG por pasajero, salvo que se hubiera realizado una declaración especial de valor del equipaje en las condiciones previstas por el Convenio.

Por tanto, ante una pérdida definitiva, será necesario acreditar el perjuicio sufrido y determinar qué cantidad puede reclamarse conforme a las circunstancias concretas.

En resumen: si la huelga de Groundforce afecta al equipaje, actúa desde el primer momento

Si una huelga de asistencia en tierra provoca que el equipaje no llegue, se retrase o aparezca dañado, es importante no limitarse a esperar a que la situación se resuelva.

El pasajero debería:

  1. Comunicar inmediatamente la incidencia.
  2. Obtener el PIR y conservar una copia.
  3. Conservar la etiqueta de facturación del equipaje.
  4. Guardar la tarjeta de embarque y la documentación del vuelo.
  5. Conservar los tickets y facturas de los gastos ocasionados.
  6. Formular la correspondiente protesta por escrito dentro de los plazos previstos por el Convenio.
  7. Analizar posteriormente la responsabilidad de la compañía aérea y los daños efectivamente reclamables.

En definitiva, una huelga de handling puede explicar por qué una maleta no llega a su destino, pero no significa por sí sola que el pasajero pierda su derecho a reclamar. El Convenio de Montreal establece un régimen específico de responsabilidad para los supuestos de destrucción, pérdida, avería y retraso del equipaje, que debe analizarse atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso.

 

El pasajero no debe asumir automáticamente los problemas entre la aerolínea y Groundforce

Una cuestión especialmente relevante en este tipo de situaciones es la relación entre la compañía aérea y la empresa encargada de la asistencia en tierra. Para el pasajero, la existencia de una empresa externa de handling no elimina por sí misma los derechos que le reconoce la normativa frente al transportista aéreo.

De hecho, el Reglamento 261/2004 establece que las obligaciones que impone corresponden al transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo.

La propia normativa contempla además que la compañía aérea pueda posteriormente reclamar frente a terceros las cantidades que haya tenido que asumir.

Por ello, las posibles responsabilidades internas entre la aerolínea y la empresa de asistencia en tierra no deberían trasladarse automáticamente al pasajero.

¿Qué debe hacer un pasajero afectado por la huelga de Groundforce?

Ante una cancelación, un retraso o un problema con el equipaje, es recomendable actuar desde el primer momento y conservar toda la documentación.

Si el problema afecta al vuelo:

  1. Conservar la tarjeta de embarque y la reserva.
  2. Guardar las comunicaciones recibidas de la compañía.
  3. Solicitar información sobre las alternativas de transporte disponibles.
  4. Conservar los justificantes de los gastos de comida, alojamiento o transporte.
  5. Solicitar el reembolso o la compensación que corresponda según las circunstancias.

Si el problema afecta al equipaje:

  1. Comunicar la incidencia en el aeropuerto.
  2. Solicitar el PIR.
  3. Conservar la etiqueta del equipaje.
  4. Guardar todos los tickets de las compras necesarias.
  5. Conservar las comunicaciones con la compañía.
  6. Presentar la reclamación correspondiente.

Una huelga no significa que el pasajero no pueda reclamar

Las huelgas de los servicios de asistencia en tierra pueden generar situaciones especialmente complejas desde el punto de vista jurídico.

En determinados casos, la compañía aérea podrá defender que la huelga constituye una circunstancia extraordinaria y utilizar este argumento para oponerse al pago de la compensación económica prevista en el Reglamento 261/2004.

Pero incluso en esos casos, los derechos de asistencia, transporte alternativo o reembolso previstos por la normativa no desaparecen automáticamente.

Por eso, ante una incidencia, no es recomendable aceptar sin más que «la huelga no permite reclamar».

Cada caso debe analizarse atendiendo, entre otras cuestiones, al origen de la huelga, la relación entre los trabajadores afectados y la compañía aérea, la duración del retraso o cancelación, las medidas adoptadas por la aerolínea y los gastos efectivamente soportados por el pasajero.

Si has sufrido una cancelación, un retraso o un problema con tu equipaje como consecuencia de una huelga de asistencia en tierra, conservar la documentación y analizar las circunstancias concretas del caso puede ser determinante para conocer qué cantidades puedes reclamar. En reclamaley.com estamos para ayudarte

Consumo sanciona al Reggaeton Beach Festival

Consumo sanciona al Reggaeton Beach Festival por practicas ilícitas

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una sanción de 320.000 euros a la empresa organizadora del Reggaeton Beach Festival por incorporar diversas cláusulas consideradas abusivas en las condiciones de acceso y funcionamiento del evento. La resolución pone fin al expediente sancionador iniciado en 2025 y obliga a la promotora a eliminar de forma inmediata las prácticas declaradas ilícitas.

Se trata de una decisión especialmente relevante, ya que constituye uno de los primeros pronunciamientos del Ministerio de Consumo frente a determinadas prácticas habituales en festivales de música que afectan directamente a los derechos de los consumidores.

Prohibición de acceder con comida y bebida

Uno de los aspectos sancionados ha sido la prohibición de introducir comida y bebida adquiridas fuera del recinto. Según el Ministerio, esta limitación resulta abusiva cuando la actividad principal del evento es la celebración de un espectáculo musical y no la prestación de un servicio de restauración.

La Administración considera que impedir el acceso con alimentos o bebidas obliga, en la práctica, a consumir exclusivamente los productos vendidos por la organización, sin que exista una justificación suficiente desde el punto de vista de la seguridad o del correcto desarrollo del espectáculo.

Además, durante la investigación se detectó la existencia de normas contradictorias, ya que en algunos eventos se permitía acceder con determinados productos como pequeñas botellas de agua, fruta o snacks mientras que en otros apartados de las condiciones se prohibían alimentos similares.

Articulo 82 y ss de la TRLGDCU

Restricciones para salir y volver a entrar

La resolución también considera abusiva la práctica consistente en cobrar un importe adicional a los asistentes que deseaban abandonar temporalmente el recinto y volver a acceder posteriormente.

Salvo que existan razones objetivas de seguridad o control de aforo debidamente justificadas, este tipo de restricciones puede suponer una limitación injustificada de los derechos del consumidor, especialmente cuando ya se ha abonado el precio de la entrada.

Articulo 82 y ss de la TRLGDCU

Las pulseras «cashless», bajo el punto de mira de consumo

Otro de los elementos analizados ha sido el sistema de pago mediante pulseras electrónicas o cashless, cada vez más habitual en grandes festivales.

El Ministerio ha considerado abusivas varias condiciones impuestas por la organización, entre ellas:

  • establecer plazos excesivamente breves para solicitar la devolución del dinero sobrante;
  • cobrar gastos de gestión por recuperar ese saldo;
  • impedir el reembolso de cantidades inferiores a dos euros.

Estas condiciones obligaban al consumidor a asumir costes adicionales para recuperar un dinero que seguía siendo de su propiedad, sin que existiera una justificación suficiente para ello.

Asimismo, la resolución también aprecia irregularidades en el cobro de determinadas comisiones de gestión durante la venta de entradas cuando no respondían a un servicio real prestado al comprador.

El ministerio de consumo ha considerado que esta practica se encuadra dentro de las prohibidas por el articulo 89 de la Ley de consumidores y usuarios.

Un precedente importante para el sector

La actuación del Ministerio marca un precedente relevante para la organización de festivales y grandes eventos en España.

Hasta ahora, este tipo de incidencias eran habitualmente denunciadas ante las autoridades autonómicas de consumo. Sin embargo, al afectar las prácticas investigadas a festivales celebrados en distintas comunidades autónomas, fue el propio Ministerio quien asumió la competencia para tramitar el procedimiento sancionador.

La resolución pone de manifiesto que las condiciones generales de contratación utilizadas por los organizadores de espectáculos también están sometidas a la normativa de protección de consumidores y usuarios y pueden ser declaradas nulas cuando generan un desequilibrio importante entre las partes.

¿Qué derechos tienen los asistentes?

A raíz de esta resolución, el Ministerio de Consumo ha recordado algunos de los derechos básicos de quienes adquieren entradas para festivales y conciertos:

  • El precio anunciado debe ser el precio final, sin comisiones adicionales que no respondan a un servicio efectivo.
  • Las comisiones de gestión únicamente pueden cobrarse cuando exista una prestación real al consumidor.
  • Los organizadores deben garantizar el acceso gratuito a agua potable dentro del recinto.
  • Las limitaciones para introducir comida o bebida pueden ser consideradas abusivas cuando únicamente persiguen obligar al consumo de los productos vendidos por la propia organización.
  • Los sistemas de pago mediante pulseras electrónicas no pueden imponer condiciones desproporcionadas para recuperar el dinero sobrante.

Posibles sanciones de consumo

La legislación en materia de consumo prevé sanciones especialmente elevadas para este tipo de infracciones.

Cuando las prácticas se califican como graves o muy graves, las multas pueden oscilar entre 10.001 y 1.000.000 de euros. Además, si el beneficio económico obtenido mediante la conducta infractora supera dichas cantidades, la Administración puede imponer multas de hasta ocho veces el beneficio ilícito obtenido, lo que convierte estas sanciones en un importante mecanismo disuasorio.

Conclusión

La sanción impuesta al Reggaeton Beach Festival supone un aviso para todo el sector de los eventos musicales. Las condiciones generales de acceso, las políticas de consumo dentro del recinto o el funcionamiento de los sistemas de pago deben respetar la normativa de protección de consumidores y no pueden imponer obligaciones desproporcionadas o injustificadas a los asistentes.

Este expediente evidencia que prácticas que durante años se consideraron habituales pueden ser declaradas abusivas cuando limitan los derechos de los consumidores sin una justificación objetiva, reforzando así la protección de quienes acuden a espectáculos y festivales en España.

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Resolución de consumo

Una STS consolida el criterio para apreciar la usura en las tarjetas revolving

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado la STS núm. resolución  69/2026, de 27 de enero, en la que se reafirma en su doctrina sobre el control de los intereses remuneratorios en los contratos de tarjeta de crédito revolving. La resolución, que desestima el recurso de casación interpuesto por la entidad financiera, consolida el criterio que venia aplicando el tribunal en anteriores sentencias, para determinar cuándo el interés pactado puede calificarse como usurario conforme al artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura.

La sentencia reviste especial interés ya que aporta mayor seguridad jurídica en un ámbito caracterizado por una intensa litigiosidad, al confirmar el método de comparación entre la TAE contractual y el tipo medio de mercado publicado por el Banco de España y la diferencia máxima entre ambos.

STS:Antecedentes del litigio

El procedimiento tiene su origen en un contrato de tarjeta de crédito revolving suscrito en junio de 2014 con Wizink Bank, que establecía un interés remuneratorio del 24 % nominal, equivalente a una TAE del 27,24 %. El consumidor ejercitó una acción de nulidad al considerar que el interés pactado era notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, en los términos previstos por la Ley de Represión de la Usura.

Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial estimaron la demanda, declarando la nulidad del interés remuneratorio y condenando a la entidad financiera a reintegrar las cantidades percibidas que excedieran del capital efectivamente dispuesto.

Disconforme con dicho pronunciamiento, la entidad interpuso recurso de casación al entender que la Audiencia Provincial había aplicado incorrectamente el criterio jurisprudencial para determinar el interés normal del dinero y valorar el eventual carácter usurario del contrato.

El interés normal del dinero;confirmación del criterio jurisprudencial

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución consiste en la reafirmación del criterio que debe emplearse para determinar el interés de referencia en este tipo de operaciones.

El Tribunal Supremo se reafirma en la utilización, por parte de los tribunales, de las estadísticas elaboradas por el Banco de España a la hora de distar sentencia, prescindiendo de otros baremos que elaboran entidades privadas, y que estas suelen presentar en los tribunales para que sean tenidas en cuenta.

La comparación entre TEDR y TAE

La sentencia también profundiza en una cuestión técnica de notable trascendencia práctica: la diferencia entre el TEDR (Tipo Efectivo de Definición Restringida) publicado por el Banco de España y la TAE pactada contractualmente.

El Tribunal recuerda que el TEDR no incorpora las comisiones asociadas a la operación, mientras que la TAE sí refleja el coste total del crédito. Por ello, considera jurídicamente correcto incrementar el TEDR con un margen técnico que permita realizar una comparación homogénea con la TAE aplicada al consumidor.

En línea con la doctrina fijada por la Sentencia del Pleno 258/2023, la Sala reitera que dicho ajuste puede situarse entre 0,20 y 0,30 puntos porcentuales, dependiendo del nivel general de intereses existente en el mercado. Asimismo, aclara que la elección de un porcentaje concreto dentro de ese intervalo forma parte de la valoración judicial del caso y no supone una infracción de la doctrina jurisprudencial.

La consolidación del umbral de los seis puntos porcentuales según la STS

La resolución reafirma igualmente otro de los pilares de la doctrina reciente del Tribunal Supremo: el denominado criterio de los seis puntos porcentuales.

Según recuerda la Sala, una vez determinado el tipo medio de mercado correspondiente al momento de la contratación, el interés pactado podrá considerarse notablemente superior al normal del dinero cuando exceda dicho tipo en más de seis puntos porcentuales. Este criterio, establecido por el Tribunal Supremo ante la ausencia de una previsión legal específica, responde a la necesidad de ofrecer soluciones homogéneas en un contexto de litigación masiva y reforzar la seguridad jurídica.

En el supuesto analizado, la Audiencia Provincial utilizó un incremento del 0,20 % sobre el TEDR publicado por el Banco de España, porcentaje que se encontraba dentro del margen admitido por la jurisprudencia. Por este motivo, el Tribunal Supremo concluye que la resolución recurrida aplicó correctamente la doctrina consolidada y desestima el recurso de casación.

Consecuencias de la resolución

Desde la perspectiva material, la STS supone mantener la declaración de nulidad del interés remuneratorio, con los efectos restitutorios previstos en la Ley de Represión de la Usura, de manera que el consumidor únicamente deberá reintegrar el capital efectivamente dispuesto, mientras que la entidad financiera deberá devolver las cantidades percibidas que excedan de dicho importe.

Consideraciones finales

La STS 69/2026 no introduce un cambio de criterio, sino que consolida y precisa la doctrina jurisprudencial existente sobre las tarjetas revolving. Su principal aportación radica en especificar la actuación de los tribunales a la hora de tener en cuenta el interés, un método de análisis objetivo y uniforme para valorar el carácter usurario de los intereses remuneratorios, en resumen:

  1. El parámetro de comparación debe ser el tipo medio de las operaciones de tarjeta de crédito con pago aplazado publicado por el Banco de España.
  2. El TEDR puede incrementarse entre 0,20 y 0,30 puntos porcentuales para equipararlo técnicamente con la TAE.
  3. El interés pactado será usurario cuando supere en más de seis puntos porcentuales(6%) el interés medio así determinado.

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CNMC intensifica la vigilancia sobre influencers(Xokas) y publicidad encubierta

 

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La CNMC ha encargado a una empresa externa el rastreo y vigilancia de contenidos de influencers para detectar publicidad encubierta; la medida se apoya en la Ley 13/2022 y en la figura legal de los “usuarios de especial relevancia”.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha formalizado la contratación de la empresa Primetag SA para monitorizar contenidos de creadores en Instagram, TikTok y YouTube con el objetivo de detectar comunicaciones comerciales no identificadas. Algunas fuentes informan que la adjudicación asciende a 32.800 euros en tres lotes; otras la sitúan en torno a 40.000 euros, según el medio consultado.

La actuación se enmarca en la Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual (LGCA), que introduce la figura de los usuarios de especial relevancia (UER) y obliga a que las comunicaciones comerciales audiovisuales estén claramente diferenciadas del contenido editorial mediante mecanismos ópticos, acústicos o espaciales. El texto legal y su articulado regulan las obligaciones de identificación de la publicidad en entornos audiovisuales.

Un Real Decreto publicado con posterioridad (entrada en vigor en mayo de 2024) concretó los umbrales que definen a los UER: más de 1 millón de seguidores en una plataforma o 2 millones entre varias, y unos ingresos anuales mínimos de 300.000 euros; bajo esos criterios figuran creadores como El Xokas o Ibai Llanos, citados por la prensa.

Alcance y metodología del rastreo

Según la documentación del contrato, la CNMC ha identificado aproximadamente 1.600 influencers que podrían ser UER y, ante la imposibilidad de analizarlos individualmente con recursos propios, ha externalizado la labor técnica. La empresa adjudicataria deberá entregar listados mensuales y análisis sobre posibles comunicaciones comerciales no identificadas.

Los criterios operativos fijados para el rastreo incluyen: influencers con más de 100.000 seguidores (salvo petición expresa de la CNMC), que hayan publicado al menos 24 vídeos en el último año, y que dirijan sus servicios al mercado español; se excluyen del seguimiento los perfiles con menos de 50.000 seguidores.

Marco legal aplicable la vigilancia

El artículo 121.3 de la LGCA exige que las comunicaciones comerciales audiovisuales estén claramente diferenciadas del contenido editorial mediante mecanismos ópticos, acústicos o espaciales. La CNMC considera que, en su función de supervisión del mercado audiovisual, es competente para vigilar el cumplimiento de esta obligación por parte de los influencers.

Implicaciones y retos de la vigilancia masiva

Transparencia y protección del consumidor son los argumentos centrales de la CNMC: la identificación visible de la publicidad evita engaños y protege a audiencias, especialmente jóvenes. Sin embargo, la medida plantea retos prácticos: volumen de cuentas a supervisar, ambigüedad en etiquetas como “colaboración” o “embajador”, y la necesidad de herramientas técnicas que distingan contenido editorial de publicidad encubierta.

Conclusión

La iniciativa de la CNMC marca un paso claro hacia una mayor regulación y supervisión de la publicidad en redes sociales, apoyada en la LGCA y en desarrollos reglamentarios posteriores. Para los creadores de contenido, la obligación es nítida: identificar de forma visible cualquier comunicación comercial; para el regulador, el desafío será combinar vigilancia eficaz con criterios proporcionados y transparentes.

 

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La CNMC multa a endesa

multa a endesa

 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha vuelto a poner el foco sobre la transparencia en el sector eléctrico al imponer una sanción de 320.000 euros a Energía XXI Comercializadora de Referencia, perteneciente al Grupo Endesa, por no diferenciar de forma clara su actividad en el mercado regulado de la desarrollada por la comercializadora del mercado libre; la resolución se hizo pública el 16 de julio.

Lo relevante del caso no es solo la cuantía de la multa —que inicialmente fue de 400.000 euros y quedó reducida por el 20% de descuento por pago voluntario—, sino el principio que subyace: la normativa exige que las comercializadoras de referencia mantengan una identidad corporativa y unas comunicaciones claramente separadas para evitar que los consumidores puedan ser inducidos a error.

Lo que ha llevado a la imposición de la multa a Endesa

Durante una inspección, la CNMC detectó que Energía XXI utilizó en comunicaciones telefónicas nombres comerciales asociados a Endesa y que en la documentación contractual aparecían elementos identificativos vinculados a la marca del grupo, prácticas que, según el regulador, podían llevar a los usuarios a confundir la tarifa regulada ,el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y el bono social con ofertas del mercado libre gestionadas por Endesa Energía. La sanción recuerda además un punto clave del marco regulatorio: no es necesario demostrar un perjuicio efectivo para imponer una multa de este tipo; basta con que la conducta tenga la capacidad de generar confusión entre los consumidores. En otras palabras, la protección se centra en preservar la elección informada y la transparencia, no en esperar a que se materialicen daños económicos concretos.

¿Qué supone la multa de Endesa?

Para los consumidores, este episodio es una llamada de atención práctica: conviene comprobar siempre el nombre exacto de la comercializadora en la documentación, confirmar si la tarifa contratada es PVPC o una oferta del mercado libre y exigir que las comunicaciones ,tanto telefónicas como escritas, identifiquen de forma inequívoca a la empresa responsable del suministro.

Para las empresas del sector, y en especial para grupos con varias marcas y comercializadoras, la lección es igualmente clara: disponer de recursos y tamaño no exime del cumplimiento estricto de las obligaciones regulatorias. La CNMC subraya que compañías del calibre de Endesa cuentan con medios suficientes para garantizar la separación de identidades y evitar prácticas que puedan inducir a error, por lo que la prevención pasa por protocolos internos robustos, formación específica para los equipos de atención al cliente y plantillas contractuales que respeten la diferenciación exigida por la ley.

Conclusiones de la multa de CNMC

En definitiva, la multa a Energía XXI no solo sanciona una conducta concreta, sino que refuerza un principio esencial del mercado eléctrico: la transparencia como pilar de la competencia y de la protección del consumidor. Mantener claras las fronteras entre mercado regulado y mercado libre no es un formalismo administrativo, sino una garantía para que cada usuario pueda elegir con conocimiento de causa y sin equívocos.

 

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El Tribunal Supremo fija los criterios para las tarjetas revolving

El Tribunal Supremo frena los abusos del crédito revolving por falta de transparencia: STS 242/2025

Las tarjetas de crédito revolving han vuelto a sufrir un duro revés judicial. El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de una consumidora tras confirmar que su contrato era abusivo debido a la falta de transparencia de sus cláusulas.
Esta sentencia marca un antes y un después al desgranar detalladamente por qué estos productos financieros suelen atrapar a los ciudadanos en una deuda perpetua.
A continuación, analizamos los cinco bloques clave de esta resolución judicial.

1. El error de origen: Firmar a ciegas

Muchos bancos sostienen que el cliente firma sabiendo lo que contrata. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha desmontado este argumento al detectar errores fácticos patentes en la valoración de las pruebas de los tribunales inferiores:
    • Firma simultánea: Se demostró que la clienta firmó el contrato el mismo día que usó la tarjeta por primera vez, impidiendo cualquier análisis previo.
    • Ejemplos insuficientes: La ficha de Información Normalizada Europea (INE) entregada solo contenía ejemplos de pago aplazado. No reflejaba las opciones reales ni el impacto económico del contrato.

2. La transparencia real va más allá de la letra pequeña

La justicia exige que las entidades financieras cumplan con un estricto control de transparencia que no se limita a que el texto sea legible:
    • Comprensión económica: Las cláusulas deben ser comprensibles en el plano formal, pero también en el real y financiero.
    • Cálculo del coste: El ciudadano medio debe poder calcular el coste total del préstamo antes de vincularse.
    • Obligación proactiva: Las entidades financieras tienen la obligación de suministrar información clara y oportuna antes de la firma.

3. El peligro del crédito revolving: Una trampa sin fin

El Supremo describe a la perfección los riesgos específicos de este sistema, definiendo al afectado como un «deudor cautivo»:
    • Deuda indefinida: Al pagar cuotas mensuales muy bajas, el dinero apenas reduce el capital y solo sirve para pagar intereses perpetuos.
    • Efecto bola de nieve: Las comisiones y los impagos se capitalizan. Esto incrementa drásticamente el volumen de la deuda inicial.

4. ¿Qué información debe recibir el cliente obligatoriamente?

Para que un contrato revolving sea válido, el banco no puede limitarse a indicar el porcentaje de la TAE. La justicia exige ahora:
    • Datos mínimos: Desglose detallado de la cuota, duración estimada del crédito y los casos exactos de anatocismo (cobrar intereses de los intereses).
    • Simulaciones reales: Ejemplos claros que permitan comparar el método revolving con otras formas de financiación comunes del mercado.

5. Confirmación de nulidad por mala fe

La falta de transparencia provoca un perjuicio grave al consumidor al privarle de la capacidad de comparar ofertas. En este caso, el Tribunal Supremo confirmó la nulidad de la cláusula del interés remuneratorio debido a las tácticas de comercialización de la entidad:
    • Se utilizaron métodos agresivos de venta fuera de las oficinas bancarias.
    • Se emplearon términos engañosos como «cuota fácil» para camuflar el riesgo real del producto.

Esta falta de información al consumidor es la que efectivamente el tribunal aprecia y en ultima instancia es la que sirve para anular las clausulas de los intereses.


Si tienes una tarjeta revolving y te cuesta reducir tu deuda a pesar de pagar mes a mes, recuerda que la ley está de tu parte. Contratos firmados sin el tiempo ni la información suficiente son considerados abusivos y pueden ser anulados por los tribunales, en reclamaley.com estamos para ayudarte

Por fin buenas noticias: Llega el «Derecho a Reparar»

Generated Image July 09 2026 12 00PM

El Derecho a reparar y la directiva (UE) 2024/1799Ley de consumo sostenible

A todos nos ha pasado. Te compras un móvil o un electrodoméstico y, misteriosamente, empieza a fallar al poco tiempo. Hasta ahora, la solución rápida era tirar de garantía para que te dieran uno nuevo o, en el peor de los casos, tirarlo y pasar por caja otra vez. Y ni hablemos de esa vez que le diste a «Comprar» a las tantas de la madrugada, te arrepentiste a los diez minutos, y para cancelar el pedido tuviste que navegar por un laberinto de enlaces escondidos y pelearte con un chatbot que no entendía nada. Misión imposible, ¿verdad?

Pues traigo buenas noticias, porque las reglas del juego están cambiando (y por una vez, a nuestro favor).

12 meses extra de tranquilidad por arreglar tus cosas

Llevamos tiempo escuchando hablar del famoso «Derecho a Reparar» impulsado desde Europa, pero la cuenta atrás ya está aquí. España y el resto de los países miembros tienen como fecha límite el 31 de julio de este 2026 (¡sí, a finales de este mismo mes!) para meter esta directiva en su legislación.

¿El objetivo? Acabar con la cultura del usar y tirar. Pero lo que de verdad me gusta es el «premio» que nos dan: si tienes un producto defectuoso que está en garantía y eliges que te lo reparen en lugar de pedir que te lo sustituyan por uno nuevo, tu garantía legal se amplía 12 meses más. Un añito extra de cobertura totalmente gratis por la cara, solo por ser un poco más sostenibles y darle una segunda oportunidad a tu aparato. Jugada maestra.

El botón de «me he arrepentido», por fin obligatorio

Pero espera, que hay más para los que somos de gatillo fácil comprando por internet.

Desde el pasado 19 de junio, la normativa ha impuesto una regla de oro a las tiendas online: el botón de desistimiento. Se acabaron las excusas y los laberintos. Ahora las webs tienen que habilitar un botón obligatorio, bien visible y de fácil acceso para cancelar compras web sin complicaciones.

La idea es simple: si comprar te cuesta un solo clic, cancelar no puede costarte cinco correos electrónicos, una llamada a un 902 y media hora de tu vida. Le das al botón, y listo.

En definitiva, parece que las leyes por fin se están dando cuenta de cómo compramos los consumidores reales. Yo, personalmente, estoy deseando poner a prueba a un par de tiendas online para ver si han puesto el dichoso botoncito donde se vea bien o si intentan camuflarlo.

La Directiva (UE) 2024/1799Ley de consumo sostenible

A pesar de que se acabe el plazo dado por el parlamente europeo para la aprobacion de una ley nacional que transponga la presente directiva, de todos es bien sabido el retraso de algunas de estas transposiciones, no obstante, en este caso parece que tenemos motivos de alegria. La ley para aprobarla ya se presento el año pasado como anteproyecto y actualmente se encuentra en sus fases finales de tramitación parlamentaria.

La normativas no solamente garantiza estos dos nuevos derechos, sino que la norma en su versión española garantiza muchas mas cosas como el fin del ecopostureo.

¿Qué os parecen estas medidas? ¿Sois de los que preferís un aparato nuevo a la primera de cambio o vais a aprovechar esos 12 meses extra de garantía por reparar? ¡Contadme vuestras odiseas con las tiendas online en los comentarios,  en reclamaley.com os escuchamos!